Por Juan Ramón Negrete Jiménez
Colima, Col., 6 de abril de 2020.-La diputada local por el distrito 1, Claudia Gabriela Aguirre Luna, cuestionó el procedimiento jurídico seguido por el presidente municipal de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, para llevar a cabo el cierre de las instalaciones de la Procesadora Municipal de Carne, señalándose que de no de no desvirtuarse las irregularidades en que se incurrió, se le podrían fincar responsabilidades al edil capitalino.
La además Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas del Congreso del Estado, presentó un oficio ante el Ayuntamiento de Colima para solicitar le fuera entregada diversa información relacionada con el cierre de la Procesadora Municipal de Carne que fue realizado por el Alcalde de Colima.
En su misiva la Diputada Aguirre Luna, señala que el Decreto número 146, publicado el 12 de mayo de 1984, que Crea la Procesadora Municipal de Carne, como un Organismo Descentralizado del Municipio de Colima aún se encuentra vigente al no haber sido abrogado por el Congreso del Estado, por lo que el cierre de la planta procesadora representa un desconocimiento del munícipe a dicha norma legal.
De igual forma en el señalado oficio la legisladora por el municipio de Colima, le refiere al Alcalde Morán Sánchez, que el tema de la Procesadora “es jurídico y no político como el alcalde lo ha manifestado”, por lo que le he solicitado que remita a la Comisión a mi cargo, una serie de documentos, a fin de realizar el análisis pertinente previo a realizar acción alguna, dijo la legisladora.
Destacó que dentro de la información que solicitó, se encuentra la “copia certificada del proyecto de acuerdo presentado ante el Cabildo para extinguir la Procesadora Municipal de Carne, donde deben constar la exposición de motivos correspondiente, así como copia de los estudios, informes o demás documentos que sirvieron para su elaboración”.
Lo anterior con la finalidad de conocer los fundamentos legales empleados por el munícipe para desconocer la legislación local.
Mencionó que se encuentran realizando un análisis jurídico en el Congreso del Estado, pues considera que el actuar del Alcalde de Colima pudiera dar pie al fincamiento de responsabilidades administrativas así como a instaurarle un juicio político por violaciones graves a la Constitución pues el rastro es un servicio público constitucionalmente conferido a los municipios.
